POLÍTICA DE PRINCIPIOS/ Reforma jurídica

0
1227

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PRATS

El Poder Legislativo hace malas leyes, sin tener claros sus fines y con un evidente interés faccioso. El Poder Judicial no las interpreta con objetividad y con sentido de justicia; es parcial, cede a presiones de toda índole. El Poder Ejecutivo no las ejecuta, las ignora. ¿Podrá el próximo gobierno restablecer el Estado de derecho, la gobernabilidad, el orden sin violencia y con respeto a los derechos humanos?

México ha vivido buscándose en
una estructura legal.

Jaime Torres Bodet

Muchos de los cambios legales en nuestro país quedan en el terreno de las intenciones, ampliándose cada vez más la brecha entre el México legal y el real. Se está poniendo en duda el Nuevo Sistema de Justicia Penal, festinado con mucha algarabía hace algunos meses; se ha llegado a afirmar incluso que el incremento de la delincuencia es consecuencia del nuevo sistema. Lo mismo está
aconteciendo con el Sistema Nacional Anticorrupción. Agregaría el embrollo en que se ha convertido el derecho electoral.

Es necesario precisar los alcances del derecho. Resulta inconcebible la ingenuidad, inclusive de quienes se dicen de izquierda, que en sus orígenes desconfiaron de la superestructura jurídica y, ahora, se esmeran en aprobar meras aspiraciones como la Constitución de la CDMX, condenada a su no observancia y cumplimiento.

Emmanuel Macron promete: “Acabar con la proliferación legislativa; que el parlamento se centre en evaluar lo ya existente no en aprobar nuevos textos”. Esta idea podría ser el inicio de la más ambiciosa reforma jurídica que se haya hecho en México: simplificar nuestros ordenamientos. Es muy atinado el esfuerzo, encabezado por Diego Valadés y
Héctor Fix-Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, para remitir muchas disposiciones constitucionales a leyes para hacer nuestra Carta Magna más accesible.

Las leyes son reactivas, la ética es proactiva. Pueden modificarse hasta el infinito nuestros ordenamientos jurídicos, pero mientras no se asuma el deber de cumplir la ley, todos los esfuerzos serán inútiles.

El Poder Legislativo hace malas leyes, sin tener claros sus fines y con un evidente interés faccioso. El Poder Judicial no las interpreta con objetividad y con sentido de justicia; es parcial, cede a presiones de toda índole. El Poder Ejecutivo no las ejecuta, las ignora. ¿Podrá el próximo gobierno restablecer el Estado de derecho, la gobernabilidad, el orden sin violencia y con respeto a los derechos humanos?

Se me ocurren algunos temas que considero de alta prioridad:

La reforma de 1992 para terminar el reparto de la tierra ha dado resultados positivos al paso del tiempo. Hace muchos años, en una asamblea panista, José María Gurría Urgel afirmó: la tierra no debe ser de quien la trabaje, sino del que la trabaje mejor. El tránsito del ejido a la propiedad ha sido lento por la tramitología y los intereses creados. Urge apresurar y simplificar los trámites para casi la mitad de la superficie nacional que se conserva todavía como ejidal.

Ya he insistido en otras columnas de la necesaria extinción del Senado, órgano aristócrata, costoso e inútil. Un atentado al empobrecido pueblo mexicano. El mejor periodo del Poder Legislativo fue de 1857 a 1874 con una sola Cámara, la de Diputados. De las etapas unicamerales han emanado las grandes reformas.

Dejo para otra ocasión el análisis del derecho electoral, un verdadero galimatías, con la generación absurda de muchas instancias y el consecuente descrédito de los procesos electorales.

México tiene dos estructuras burocráticas paralelas por la confusión derivada del artículo 124 constitucional para definir las áreas de competencia en los tres órdenes de gobierno. Todas las legislaturas han ofrecido abordar la discusión del federalismo, pero la soslayan por los muchos intereses que se afectarían.

Nuestra Constitución no define con claridad los criterios para deslindar lo público de lo privado, uno de los fines de todo Estado de derecho. Ahí hay otra reforma pendiente.

En fin, son muchos los temas, pero lo primero es la voluntad política, hasta ahora ausente.

 

Cuarto Poder de Tamaulipas/