OPINIÓN PÚBLICA/ La deuda pública

0
1464

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – La administración estatal casi termina el ciclo sexenal. La ciudad capital y los municipios más poblados viven lo que se llama la “feria del hueso” en la que los políticos luchan por llegar a la nómina pública.
Hay una fiebre por elaborar gabinetes y un pleito interno en el partido dominante, el PAN, por conseguir las mejores posiciones, secretarías, direcciones generales y organismos descentralizados.
Sin embargo, nadie le quiere echar un ojo a la deuda pública del gobierno.
Es un tabú al que nadie se refiere abiertamente, ni los que se van ni los que llegarán de funcionarios.
Un “ojo” a la relación de adeudos nos dice que la administración dejará pendientes de pago alrededor de 15 mil millones de pesos, lo doble que heredó el “geñismo”.
El gobierno de Egidio Torre Cantú recibió autorización del Congreso del Estado para pedir once préstamos directos por casi siete mil millones -que al parecer se fueron en pago de hoteles y comida de los cuerpos de seguridad- más otras partidas para ITAVU e instancias gubernamentales.
De esa cifra, cinco mil 676 se le deben a Banorte, dos mil 547 a Bancomer, dos mil a Santander y casi los mil a HSBC.
Eugenio Hernández Flores, el antecesor, pidió prestados seis mil millones, la mayor parte destinados al Parque Bicentenario y la torre de oficinas de gobierno.
Según la referencia, Tomás Yarrington Ruvalcaba heredó alrededor de mil millones con vencimiento hasta el año 2012, casi todos operados con Banobras para la realización de proyectos de infraestructura básica. Lo solicitado por el egidismo se terminará de pagar en el año 2032.
En el presente 2016, el gobierno programó el pago de 623 millones de puros intereses, más 481 de abono al capital. El costo de las coberturas por 95 millones más. En total más de mil millones.
Los expertos manifiestan que es una deuda “manejable” si se toma en cuenta que, en el 2016, el presupuesto de egresos fue de 43 mil 600 millones. Alrededor de la mitad pagados en sueldos a maestros con recursos que manda la federación.
De todas manera la deuda representa alrededor de una tercera parte del presupuesto estatal y, si se considera que para el 2017 se reducirá el gasto, pudiera haber preocupación entre los que vienen a gobernar los siguientes seis años.
Para el 2017 le toca al equipo de Cabeza de Vaca elaborar el presupuesto de egresos. Son ellos los que harán el reparto según sus proyectos.
Si la prioridad que traen es la seguridad pública y procuración de justicia, seguramente elevarán los dos mil 735 millones que destinó el egidismo. Eso ya lo veremos muy pronto.
A obras públicas el gobierno del estado casi no dedica inversión. Las aulas, por ejemplo, se construyen con una aprobación federal del 70 y 30 el gobierno local.
Estaremos pendientes del proyecto de egresos que allá por noviembre envíe el Gobernador García Cabeza de Vaca, para analizarlo en relación al último de los gobiernos priístas.
En de esperar que, el día de la toma de posesión, el Gobernador anuncie que en su administración no pedirá préstamos ni permitirá que los ayuntamientos dejen adeudos, ni con bancos ni proveedores.
Ahí conoceremos qué renglones aumenta y a cuáles reduce presupuesto. Los diputados no cuentan, solo aprueban –así lo han hecho en toda la historia- lo que les envíe el ejecutivo.
Seguro que no anunciará nuevos impuestos aunque las participaciones federales y el dos por ciento sobre nóminas se lo hayan dejado embargado los priístas.
Una opción solicitada por los hoteleros del sur es que vuelva a establecerse el dos por ciento para promociones turística. Es algo bueno pero tuvo una mala administración.
Lo esperado es que, para el siguiente ejercicio, se reducirá el presupuesto a consecuencia de los “recortes” federales. La mejor forma de superarlo es la austeridad en renglones no prioritarios.
Y si volvemos a hablar del “geñismo”, los egidistas acabaron de sepultar los proyectos del anterior sexenio por construir un nuevo aeropuerto en Tampico (Altamira más bien).
Desde junio la administración de Egidio Torre firmó un acuerdo por el que se devuelven al ex Secretario de Hacienda del estado, Mario Alberto Cruz Ayala (residenciado en Tampico) y su esposa Adela Calderón Anaya, una superficie de 230 hectáreas que estaban destinadas a la obra (querían dos millones de pesos por cada una).
Hace algunos meses ya se habían regresado otros ranchos que estaban dentro de las 638 hectáreas expropiadas para realizar la terminal aérea.
Según el acuerdo, se devolvieron porque el gobierno, ya propietario de la tierra, en cinco años no tomó posesión ni les dio el uso a que estaban destinadas. Tampoco se les habían pagado.
El gobierno quiso llegar a un arreglo pacífico con los dueños pero ellos, encabezados por Cruz Ayala, exigían cifras millonarias. El estado hizo valer su autoridad y expropió a valor catastral.
El proyecto fue sepultado en el presente sexenio y, en los últimos días el ataúd recibió el último clavo. Pasarán siglos para que se vuelva a hablar de un proyecto de reubicación de la terminal de la zona conurbada.
Aquí la pregunta es ¿cómo va a reaccionar el gobierno panista de Cabeza de Vaca en cuanto a este proyecto?
Uno más, sepultado por el sexenio que se va, es la construcción de la zona turística Costa Lora (Soto la Marina) que incluye su aeropuerto internacional donde al parecer eran socios los “geñistas”.
Si volvemos a la lucha interna que traen los del PAN por las posiciones de primer nivel, la mención es que la Procuraduría de Justicia está reservada para la gente de Gustavo Cárdenas, o sea sus abogados de siempre, aquellos que estuvieron con él en el ayuntamiento en 1992-95. Últimamente eran “magnolios” tricolores y hasta divulgaron que se integrarían al equipo del alcalde capitalino Oscar Almaraz Smer.

 

Cuarto Poder de Tamaulipas/

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.