OPINIÓN PÚBLICA/ La 4T y su negativa de terrorismo

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Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El narcoterrorismo, como lo definió el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, es una realidad no solo en Tamaulipas sino en otras entidades (Sinaloa el mejor ejemplo).

Hasta antes del 20 de noviembre, en que surgió la definición en estas tierras, nadie del sector público se había atrevido a dimensionar con claridad el problema.

Está latente todos los días, lo viven los compatriotas de regiones donde la violencia ha tomado niveles alarmantes como Nuevo Laredo, precisamente donde nació el término. La población civil sufre las consecuencias en daños materiales, psicológicos y pérdida de vidas en “daños colaterales” como malamente dicen los funcionarios.

Amedrentar a la población con armas de alto poder, bloquear calles y carreteras, secuestrar e incendiar vehículos, retener personas para utilizarlas como escudos humanos ¿acaso no es terrorismo?.

Levantó ámpula la declaración de Tamaulipas. La reacción del Gobierno federal no se hizo esperar. El propio Presidente López Obrador y su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero negaron que en México existan terroristas ¿por qué tan rápido y a la ligera?.

Trataremos de analizar.

En términos generales temen que del poderoso vecino del norte, su Presidente Donald Trump, haga la declaración oficial de que en México operan terroristas. Facilitaría una intervención armada en nuestra territorio.

Ellos tienen en vigor la Ley Pública 104-132, Ley Contra el Terrorismo, Ley Antiterrorista y de Pena de Muerta Efectiva, que data de 1996 (presidente Bill Clinton), que les otorga facultades extraordinarias para intervenir en cualquier nación que signifique una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos.

No dudarían en aplicarla  aquí. Somos el patio trasero de su territorio, el que “cuidan” desde hace largos años.

En la praxis lo es.

¿Por qué tantos temores del señor López? Hay otras Leyes que de inmediato prohibirían hasta los  préstamos a nuestro país, procedentes de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, Fondo Internacional de Reconstrucción y Fomento, Asociación Internacional de Fomento y otras instituciones con las que ya México tiene compromisos.

Bastaría con que Mr. Trump firmara la declaratoria de que el gobierno pejista “no coopera plenamente con la labor antiterrorista del gobierno de Estados Unidos”.

En esas condiciones, nuestro país ya no podría comprar armamento ni materiales militares al vecino, como hoy lo hace.

Es más, daría pie a que los americanos intervinieran militarmente en todas sus formas para  “eliminar” a los terroristas, con autorización o sin ella de nuestro gobierno.

Otra Ley, llamada Patriótica o Patria, fue promulgada por el Presidente Bush en el 2001 luego de los atentados en Nueva York, que tiene como fin obstaculizar las acciones terroristas en América Latina.

A eso le temen los jefes de la Cuarta Transformación, aunque están conscientes del problema. Nunca aceptarán que en las regiones de violencia donde opera la delincuencia organizada, utilizan métodos de terror.

No lo aceptan pero sí acusan.

El cuatro de agosto, luego de un tiroteo en una tienda Walmart de El Paso, Texas, en que murieron ocho mexicanos, nuestro canciller Marcelo Ebrard se aprestó a decir indignado que se trató “de un acto terrorista”.

Aquí todos los días mueren no ocho sino decenas en un mismo escenario, y nuestro Canciller se calla la boca.

Las Leyes mexicanas son demasiado “suaves”. La palabra terrorismo no aparece en nuestra Constitución, menos en las estatales incluida la de Tamaulipas.

No es algo que esté en la competencia de los gobiernos locales, corresponde al fuero federal.

Es así que, el Código Penal Federal concede penas de hasta 40 años “a quien realice actos en contra de bienes o servicios, públicos o privados, en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas, que produzca alarma, temor o terror en la población o un grupo o sector de ella”.

Es la pena más alta que contiene el Código, con el agregado de otra mitad, 20 años más, cuando: El delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso público, se genere un perjuicio a la economía nacional, o en la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona. Lo mismo que pasó e Nuevo Laredo.

Aparte están los delitos por narcóticos con penas que van hasta 25 años a quien “produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud”.

El gobierno de López Obrador parece evadir responsabilidades. Al aceptar la actuación de terroristas tendría que  atraer las acciones que  cometen los grupos delincuenciales y se manejan en el fuero común.

Precisando: En el Código Penal de Tamaulipas tampoco existe la palabra terrorismo. Es atribución federal y el Congreso local no tiene facultades.

A casi un año de arrancar la administración de AMLO, está confirmado que ha sido incapaz de combatir el narcotráfico y los grupos delincuenciales. No hay una política definida de cual es el camino que quiere seguir, no hay proyecto en tanto que los delitos van a la alza.

El primero de diciembre cumplirá sus primeros 12 meses en el poder y en el tema solo lleva tachas. Está pendiente con los tamaulipecos.

La discusión de este jueves en rl Congreso del Estado, entre pejistas y panistas, no tiene mayor trascendencia para solucionar el problema. Solo es indicativo de que en el gobierno federal no se están haciendo bien las cosas.

 

Cuarto Poder de Tamaulipas/