OPINIÓN PÚBLICA/ Habla una sociedad agraviada

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Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El torrente de protestas de una sociedad agraviada, comenzó a darse desde todos rincones de Tamaulipas con motivo del asesinato de la activista por los derechos humanos y desaparecidos, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, acaecido en San Fernando la noche del Día de las Madres.
La sociedad civil está de luto pero a la vez indignada y exige a las autoridades estatales el esclarecimiento del homicidio.
“Se trata de una grave violación a los derechos humanos y, como tal, exigimos, debe ser investigada (la muerte), sancionada y reparada por el estado mexicano”, dice una indignada carta emitida por la organización ASCENRED (Agentes de la Sociedad Civil en Red), a la cual pertenecen más de cien organizaciones civiles activas.
Son los ONG, los sin partido que muchas veces permanecen callados, pero no pueden guardar silencio ante una agresión artera de la que fueron omisos los gobiernos estatal y federal.
Agrega el documento: “Atentados contra la vida de esta magnitud, y la suma de omisiones e irresponsabilidades institucionales que los propician, no pueden quedar impunes”.
Reiteran: “Exigimos al gobierno del Estado se esclarezca este crimen que agravia y lastima a toda la sociedad de nuestro estado”.
Es la fuerza civil que opina y participa en decisiones de gobierno; las bases silenciosas que no trabajan por colores sino por el bienestar colectivo, atendiendo siempre a problemas a los que el Estado no voltea su mirada.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, dirigido por Raymundo Ramos Vázquez, también emitió un descarnado manifiesto a la opinión pública que debe hacer reflexionar a quienes tienen la responsabilidad de la seguridad pública en la entidad:
“Si ese atentado fue un mensaje, lo entendemos claramente, pero que quede claro a los perpetradores, no vamos a dejar de reclamar justicia y búsqueda de nuestros desaparecidos hasta encontrarlos, con ayuda gubernamental o sin ella”.
Recuerdan al Gobernador Cabeza de Vaca la audiencia en que los recibió el 16 de octubre del 2016 con grupos de activistas pro desaparecidos. Les prometió que pondría todo lo esté al alcance del Estado a disposición de las víctimas directas o indirecta por la desaparición de personas.
Pero hay una falla:
“Lamentablemente desde entonces usted turnó las audiencias a su Secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos, y este a su vez a la Subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Gloria Elena Garza Jiménez, y finalmente a Lorena Garrido Salazar, Directora del Instituto de Atención a Víctimas, perdiéndose el interés y la solidaridad en los grandes pasillos de la burocracia institucional”.
La carta va dirigida al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y al titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Martín García Martínez. Exigen “una investigación seria, exhaustiva e inmediata en el cobarde asesinato”.
Es momento que el Gobierno del Estado cumpla su gran responsabilidad de proteger la vida y derechos de las personas. Debe aprovechar el ofrecimiento que le hacen, como acción coyuntural, de colaborar en esos fines.
Lo dice claramente Ascenred: “Es hora que los gobiernos federal, estatal y municipal, de una vez por todas se coordinen y convoquen a la sociedad para que, juntos, construyamos una solución integral ante el fenómeno de la delincuencia”.
Es tiempo que la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, a poco más de siete meses de administración, se desligue de los compromisos de partido y campaña, para que emprenda la verdadera tarea por la que se le habrá de reconocer en la página de la historia de Tamaulipas.
Necesita agarrarle la palabra a la sociedad civil. Es la única que no tiene filias ni fobias y menos cobrará facturas por sus acciones.
Y caló hondo también, en los organismos civiles, una presunta carta de policías de Fuerza Tamaulipas en que manifiestan que prácticamente trabajan “con las uñas”, sin las armas adecuadas ni suficientes, sin equipos y con jefes inmediatos que laboran a tontas y a locas porque no son residentes de nuestra entidad.
Son los colaboradores del Vicealmirante Luis Felipe López. No reúnen el perfil para ser policías. Sus carreras son de ingenieros, contadores públicos, administradores de empresas y aún así son los Comandantes de la SSP.
Es un “llamado” al Gobernador para que tome cartas en el asunto en forma directa. Exponen los problemas que tienen con sus jefes; el desprecio a que los someten, la obligación de trabajar sin los descansos correspondientes.
Se quejan que lo más lamentable de todo es el actuar de los forasteros que llegaron “con falta de conocimiento terrestre, (conocimiento) de la incidencia delincuencial en los municipios, áreas rurales, ciudades, delegaciones y coordinaciones”.
Dicen que ellos traen armamento 223 (balas) obsoleto cuando sus requerimientos son de calibre 7.62 por 51 milímetros, Fal de culata retráctil, con suficientes cargadores y cartuchos útiles.
Culpan al titular de la SSP y a los jefes. Sin conocer estrategias ni el territorio estatal tratan de imponer decisiones con riesgo para los integrantes de la corporación.
Es la oportunidad del Gobernador para dar un golpe de timón en las dependencias de la seguridad pública. Los forasteros al rato se van, no son tamaulipecos. Ni se acordarán que trabajaron aquí.
En cambio él, el que consiguió una votación histórica de más de 720 mil sufragios, se quedará en Tamaulipas porque aquí es su tierra y aquí vive su familia y, solo él, será el responsable de los éxitos o fracasos de su gobierno.
Ya lo escribió en su cuenta de twitter: “El gobierno de Tamaulipas no permitirá que la muerte de Miriam Rodríguez sea una estadística más. No a la impunidad”.
Que así sea y que los cuerpos de seguridad y procuración de justicia, detengan cuanto antes con los responsables para que paguen sus delitos y, aquellos activistas pro derechos humanos y desaparecidos que corren riesgo inminente, sean protegidos por el Estado como lo mandatan las Leyes.

 

Cuarto Poder de Tamaulipas/